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Este miércoles empezó a aplicarse en España el polémico decreto que busca cumplir con el ahorro energético acordado con la Unión Europea, que obliga a que la refrigeración de empresas, comercios e instituciones públicas no baje de 27 grados en verano y el apagado nocturno de edificios y escaparates.

La semana pasada, el Ejecutivo aprobó este plan que levantó el rechazo de la oposición y la controversia social y política. Los críticos cuestionan su efectividad y reprochan que no se acordaran con ellas ni con los sectores económicos afectados.

Incluso el Gobierno regional de Madrid ha dicho que recurrirá ante el Tribunal Constitucional. La Confederación Española del Comercio también entiende que el Ejecutivo debería haber contado con sus aportes ante de aprobar el decreto.

"El sector empresarial está dispuesto a seguir contribuyendo al impulso que necesita la economía de España, pero para eso necesita un marco estable y apoyos claros por parte de la Administración", reclamó la patronal empresarial CEOE.

El presidente Pedro Sánchez justifica esas normas de ahorro por el compromiso de España con la Unión Europea de bajar el consumo de gas un 7% en plena crisis energética, producto de las tensiones geopolíticas con Rusia por la invasión y la guerra de Ucrania.

El decreto manda a apagar la iluminación a partir de las 22 horas, salvo la ornamental de monumentos, medida que es rechazada por quienes consideran que reducirá la seguridad de las calles, perjudicará al comercio, sobre todo en temporada turística de verano.

Pese a que el primer día de ahorro transcurrió con normalidad, hubo críticas de pequeños comerciantes. "Apagar los escaparates deja una calle superoscura, no me van a ver el género", explicó un encargado de una zapatería de la capital de España.

Asimismo, rechazó la obligación de colocar puertas automáticas en los locales climatizados debido al trasiego continuo de clientes, el precio y el tiempo insuficiente para instalarlas.

Multas ante posibles incumplimientos

Al comercio de proximidad le preocupa las sanciones que se le pudieran aplicar por un eventual incumplimiento del plan de ahorro, y admiten el temor por las multas.

La medida establece multas de entre 60.000 euros y 100 millones de euros, según la gravedad de la infracción. No obstante, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, avanzó que habrá un margen para exigir que se cumplan las obligaciones y limitaciones de temperatura, que será de 19 grados en invierno.

La regla no aplica a establecimientos como colegios, universidades, guarderías, centros sanitarios, gimnasios o negocios de hostelería y espacios privados como las habitaciones de hotel.

La Asociación Española de Centros y Parques Comerciales afirma que el sector "lleva mucho tiempo invirtiendo en la mejora de las instalaciones y en la aplicación de políticas de sostenibilidad".

Con EFE