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La llegada de la junta militar al poder en 2021 ha causado, entre otros, más de 1,5 millones de desplazados, más de 13.000 detenidos por motivos políticos, casi 3.000 muertos y cerca de 8 millones de niños sin educación. En el segundo aniversario del golpe de Estado, el gobierno represivo birmano anunció que alargará seis meses más el estado de emergencia, lo que aplaza las elecciones previstas para agosto.

Las cifras dan cuenta del estado actual de Myanmar, luego que los militares derrocaran al Gobierno de Aung San Suu Kyi. El año pasado la represión llevó a cabo las primeras cuatro ejecuciones de muerte, en algo que no ocurría en décadas, mientras al menos 101 personas han sido condenadas a la pena capital.

Asimismo, 130 periodistas han sido arrestados, de los cuales 72 siguen en prisión, lo que ubica a Myanmar en el puesto 176 de 180 en el índice de libertad de prensa –según Reporteros Sin Fronteras (RSF)–, y que, además, le da el segundo puesto como el país con mayor número de encarcelaciones de periodistas (por detrás de China) y el mayor del mundo en relación con su población. 

En un comunicado de RSF se informa que cuatro periodistas birmanos han muerto por la represión de la junta, "dos de ellos después de ser violentamente interrogados, golpeados e incluso mutilados. Se reportan decenas de casos de torturas en Myanmar”.

Con la inestabilidad que ha causado el golpe de Estado también llegó la crisis a la economía birmana. La emergencia por el Covid-19 agravó la situación y en 2021 el Producto Interno Bruto (PIB) de Myanmar se desplomó un 18%, según datos del Banco Mundial.

El país acumula 1,1 millones de desempleados más que hace dos años, los enfrentamientos han provocado la destrucción de por lo menos 34.000 estructuras civiles y más de 15,2 millones de personas padecen inseguridad alimentaria, de acuerdo a reportes de Naciones Unidas.

Con AP y EFE